La caducidad del expediente administrativo y la prescripción.

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Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.


 

En el procedimiento administrativo hay que distinguir entre la caducidad que afecta al expediente administrativo y la prescripción que impide el ejercicio de la acción por parte de la Administración.

La caducidad afecta al expediente administrativo en sí y concurre si la Administración no resuelve el expediente en el plazo que legalmente tiene establecido para ello, ya sea tres, seis o doce meses. Si, una vez iniciado el procedimiento administrativo, éste no se concluye en el plazo establecido, éste caduca y la Administración debe iniciar uno nuevo. La caducidad no se puede interrumpir.

La prescripción afecta a la acción y si la Administración no la ejercita en el plazo legalmente establecido para ello, la acción “muere” y ya nunca se va a poder ejercitar; ahora bien, hay que tener en cuenta que, si la Administración inicia un expediente para el ejercicio de la acción, el plazo de prescripción se interrumpe y empieza a contar de nuevo, salvo en un caso y es que ese expediente caduque.

En el caso de que el expediente administrativo caduque, ni ese expediente, ni ninguno de los actos que se hayan llevado a cabo en el mismo, serán eficaces para interrumpir la prescripción de la acción, por lo que será como si nunca hubiesen existido, y, por lo tanto, ni el plazo se verá interrumpido, ni éste volverá a comenzar de nuevo. Así el artículo 95.3 de la ley 30/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, que es la que sustituye a la anterior ley 30/1992 determina:

“La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.”

Esta es una cuestión que está legalmente admitida y que, por lo tanto, aunque la Administración no lo acepten cuando es alegado por los administrados, los Juzgados y Tribunales lo hacen sin discusión.

Pero, es más, la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 4/2017 de 10 de enero de 2017 da un paso más en beneficio del administrado, al afirmar, modificando su doctrina anterior, que el recurso interpuesto por el administrador para que se declare la caducidad de un expediente que lo está, no puede interrumpir, en ningún caso, el plazo de prescripción.

Se distingue en la Sentencia aquellos expedientes en los que se ha declarado la caducidad por parte de la Administración, de aquellos en los que no se ha hecho.

En el primer caso los Juzgados y Tribunales siempre han tenido claro que, al haberse declarado la caducidad de oficio por parte de la Administración, debía considerarse que estos expedientes no habían existido y por lo tanto ninguna de sus actuaciones podía interrumpir la prescripción, pero hasta esta Sentencia no ocurría lo mismo en aquellos expedientes en los que no se había declarado la caducidad de oficio y era el administrado el que solicitaba esta declaración a través de los diferentes recursos administrativos establecidos. Hasta esta Sentencia ese recurso interpuesto por el administrado sí interrumpía la prescripción, dejando impune y favoreciendo la inactividad de la Administración.

La sentencia aplica el sentido común y decide, en beneficio del administrado que, la interposición de un recurso administrativo en el que lo que se solicita es la declaración de caducidad de un expediente que lo está no interrumpe el plazo de prescripción, llegando a la siguiente conclusión: “responde a una lógica jurídica indiscutible: la reclamación o recursos para lograr la declaración de caducidad no son sino una prolongación del mismo procedimiento que se declara caducado, que desaparece embebida en él. El procedimiento declarado caducado se hace inexistente y en él se incluye la reclamación o recurso que lo ha declarado tal”.

Este tipo de Sentencias enseñan que, aunque a veces nos cueste, este tipo de actuaciones y prácticas que la Administración lleva a cabo, tienen que ser denunciadas ante los Juzgados y Tribunales para poder ponerles freno logrando así que su actuación se adecúe al ordenamiento jurídico.

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