Gerardo Parejo Fernández. Abogado Asociado.

Probablemente algunos de nuestros lectores se pregunten, a raíz de los desafortunados casos de gran relevancia mediática que se han venido sucediendo los últimos meses, cuáles son los delitos que en nuestro país se encuentran castigados con la pena de prisión permanente revisable.

Según nuestro vigente Código Penal, la prisión permanente revisable se aplica en los siguientes delitos:

• Asesinato de un menor de 16 años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
• Asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.
• Asesinato cometido en el seno de un grupo u organización criminal.
• Asesinato múltiple (tres personas o más).
• Terrorismo, cuando se ocasione la muerte de una persona.
• Genocidio, cuando se ocasione la muerte, agresión sexual o lesión grave de una persona.
• Crímenes de lesa humanidad, cuando se ocasione la muerte de una persona.
• Asesinato del Rey, Reina, Príncipe o Princesa de Asturias.
• Asesinato de un jefe de Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España.

La prisión permanente revisable, tal como su propio nombre indica, conlleva la más alta pena privativa de libertad (prisión) con una duración indefinida, si bien sujeta a revisión conforme a una serie de condicionantes que vienen recogidos en el artículo 92 del Código Penal.

La revisión de la prisión permanente consiste en la concesión de la libertad condicional, entendida como la suspensión de la ejecución de la pena, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el condenado haya cumplido un mínimo de 25 años de prisión, 30 años en caso de que haya sido condenado por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con prisión permanente.

b) Que el condenado se encuentre clasificado en tercer grado, aplicado a quienes, por sus circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

c) Que se aprecie la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, todo ello previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el tribunal determine.

La resolución sobre la concesión de la libertad condicional será dictada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, en el seno de un procedimiento en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el condenado, asistido por su abogado, y normalmente conllevará la imposición de una serie de prohibiciones y deberes que se considerennecesarios para evitar la comisión de nuevos delitos (art. 83 del Código Penal).

De haber alguna modificación en las circunstancias valoradas al concederse la libertad, el tribunal podrá imponer nuevas prohibiciones o deberes, modificar los que ya hubiera acordado, o alzarlos. En caso de cometerse un nuevo delito o manifestarse un cambio en las circunstancias que hubieran dado lugar a la concesión de la libertad condicional que no permita mantener el pronóstico de falta de peligrosidad, podrá revocarse la misma y ordenar la reentrada en prisióndel condenado.

Finalmente, el plazo de concesión de la libertad condicional será de 5 a 10 años, contados desde la fecha de puesta en libertad del condenado, transcurridos los cuales y de no haberse cometido ningún delito, manifestarse ningún cambio relevante, ni incumplirse las prohibiciones o deberes impuestos, la libertad devendría en definitiva.