José Luis Borreguero. Abogado.

En cuatro sentencias de mayo y junio de 2.018, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, que aplican la mayoría de las Comunidades Autónomas, considerándolo como no idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Estas cuatro sentencias (ROJ: STS 2186/2018, STS 2185/20018, STS 2180/2018 y STS 2181/2018), resuelven los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha contra las sentencias del  TSJCM que había resuelto en contra de la Comunidad Autónoma que pretendía elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes de viviendas adquiridas en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo).

El Alto Tribunal, en el contenido interpretativo de la sentencia, dispone que: “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Además, la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Por otro lado, respecto a las órdenes y reglamentos que sirven de fundamento legal al sistema de comprobación de la Administración, y sobre todo a su objetivo, la sentencia nos dice que “Su designio, común al que parece han adoptado generalizadamente otras comunidades autónomas, se orienta a la satisfacción de objetivos que no son inválidos constitucionalmente en sí mismos considerados, incluso resultan encomiables, pero que pueden devenir ilegítimos según sean su articulación positiva y su aplicación práctica, aspecto éste del que la sentencia no nos da suficiente cuenta, a nuestro juicio, pues no se ha detenido a analizar en profundidad los términos propios de la orden autonómica o el grado mayor o menor de concreción o detalle de los elementos que configuran los coeficientes que la orden instaura. Tales propósitos, a los que aludían las dos sentencias de este Tribunal Supremo de 6 de abril de 2017 , son los de conferir un mayor grado de certeza a las relaciones y negocios, fuente de seguridad jurídica; y evitar consecuentemente la alta litigiosidad que venían ocasionando las impugnaciones de comprobaciones de valores inmotivadas o indeterminadas, basadas en criterios que a menudo no eran objeto de verificación o examen singular, normalmente mediante visita al lugar por parte de un funcionario de la Administración fiscal.”.

Por ello, el Alto Tribunal entiende que: “En resumidas cuentas, para liquidar el impuesto, la Administración ha reemplazado con carácter general un medio de comprobación que adolecía de ciertas imperfecciones y exigía un alto coste de gestión para las comunidades autónomas, por una actividad que no puede ser considerada, ni etimológica ni jurídicamente, como un medio de comprobación ( arts. 57 y 135 LGT ), pues pese a la dicción legal, no se ejercita realmente la facultad de comprobar los valores cuando se desconfía del valor declarado por el contribuyente -acertado o no, veraz o falso, pero referido desde luego a un bien singular y concreto- y en su lugar se sustituye dicho valor por otro de superior cuantía, basado en fórmulas abstractas hasta lo cabalístico -de las que la orden de 2012 no da debida cuenta, ni tampoco lo hace la de 9 de agosto de 2007 (DOCM de 21 de agosto siguiente) a la que la anterior se remite, en la que la metodología empleada es puramente general y retórica- sistema que se impone a fortiori como expresión buscada de la norma como único valor real, sin otra motivación del valor económico que el reflejo numérico correspondiente, simplemente desglosado por municipios.”.

En consecuencia, aunque el objetivo de la Administración pueda ser admisible desde el punto de vista constitucional, su resultado ha devenido en un sistema que no puede ser considerado como una actividad de comprobación amparada en la ley, ya que no se refiere a un bien singular y concreto.

Por otro lado, confirmando jurisprudencia anterior en relación al procedimiento de una tasación pericial contradictoria, el Tribunal deja sentado que en caso de no estar conforme con la comprobación administrativa, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho, y no puede resultar obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 57.1.b de la Ley.

En conclusión, la sentencia ha venido a “desmontar” el sistema de comprobación de las Comunidades Autónomas que se había convertido en un verdadero régimen alternativo de recaudación que había supuesto un auge del procedimiento de tasación pericial contradictoria. En breve, veremos cómo reaccionan las Comunidades Autónomas ante este cambio impuesto por el Alto Tribunal.