Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.

La declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020 modificado por el Real Decreto 465/20) supone la adopción de una serie de medidas que afectan de manera directa a la actividad diaria de la empresa, sin perjuicio de las medidas contempladas en el Decreto-Ley 6/2020 y en el Decreto-Ley 7/2020.

Especialmente relevantes son:

• Las limitaciones a la libre circulación de las personas.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa:

– Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

– Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

– Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

– Retorno al lugar de residencia habitual.

– Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

– Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

– Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

– Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

– Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Se indica que en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

• Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

Se prevé que se suspenda la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

Esto supone que el resto de empresas e industrias pueden continuar con su actividad si bien deberán procurar que sus trabajadores puedan desempeñar su actividad laboral en las debidas condiciones de salubridad evitando aglomeraciones y situaciones de riesgo de contagio, en cumplimiento del deber de protección de la empresa que implica que esta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello se recomienda:

– Proporcionar información sobre las medidas higiénicas que deben adoptarse (lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos y mantener distancias de seguridad)

– Organizar el trabajo de manera que se evite el contacto entre los trabajadores que deben guardar entre ellos al menos 1 metro de distancia.

– Facilitar a los trabajadores guantes de protección, y, en su caso, mascarillas y gafas.

– Tener a disposición de los trabajadores los productos y medios necesarios para que los trabajadores puedan lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol.

– Si el trabajador tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser con el antebrazo y codo o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura.

– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

– Evitar los desplazamientos conjuntos de operarios en un mismo vehículo para el traslado al lugar de trabajo, y, caso de ser estrictamente necesario por no contarse con otros medios ni posibilidades, dotar, obligando a su utilización, a todos los ocupantes (procurando siempre que sean el mínimo posible) de mascarillas y guantes sanitariamente homologados.

Este tipo de desplazamiento deberá ser eliminado si finalmente se recoge esta prohibición de manera expresa en la norma.

– Proceder a la desinfección de los vehículos, maquinarias de uso personal y demás elementos de transporte propiedad de la empresa tras la ejecución de trabajos, con carácter recurrente.

– Facilitar a los trabajadores la documentación necesaria para que, en los desplazamientos al trabajo y posterior vuelta a casa puedan justificar ante las autoridades y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, el carácter laboral del mismo y la concreta territorialidad que ataña al lugar de trabajo y del propio trabajador adscrito a la misma.

Se debe mantener contacto permanente con el responsable de la coordinación de seguridad y salud de la empresa y se debe exigir, bajo supervisión y control, a subcontratas de los diferentes niveles y subniveles el cumplimiento escrupuloso de las medidas de higiene (tanto de personas como de materiales, elementos, maquinarias) y asilamiento y protección previstas con carácter general, incluyendo en ello a transportistas de materiales y proveedores.

Se fomenta, en el caso de ser posible, el teletrabajo, y se agilizan y flexibilizan los expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que incluyan reducciones de jornada y suspensiones de contratos, para evitar despidos; el gobierno asumirá el pago del 70% de la base reguladora a los trabajadores (medida por la cotización de los últimos 180 días) y, además, bonificará las cuotas a la Seguridad Social de los empleadores, para que así no tengan que soportar ningún coste laboral extra.

• Quedan suspendidos los plazos administrativos y procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, salvo determinadas actuaciones judiciales urgentes (expresamente declaradas y clasificadas como tales).

Esto supone la paralización de todos los plazos administrativos, salvo los plazos tributarios según dispone el Real Decreto 465/20 que determina que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

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