Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.

A pesar de que lleva cinco años previsto en nuestro Código Penal como instrumento para exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica, los pequeños y medianos empresarios se siguen mostrando reacios a implantar un Compliance Penal en su empresa. Pero, ¿realmente lo necesitan? ¿Por qué se muestran reacios a implantarlo?

Esto se debe, fundamentalmente, a dos percepciones del pequeño y mediano empresario, a saber:

1. Que la implantación del Compliance va a suponer un gasto innecesario que no le reportará beneficio alguno a la empresa. 

• Que su implantación será necesaria en las grandes empresas pero no en las pequeñas y medianas, ya que ve casi imposible que en el seno de su organización se puedan producir hechos delictivos y, mucho menos, que los mismos le puedan ser imputados a la misma o al administrador.

Pero, ¿son ciertas estas creencias? La respuesta es negativa, ambas percepciones son erróneas.

Por un lado, implantar un Compliance Penal en la organización, más que un gasto, debe ser considerado una inversión, ya que reporta numerosos beneficios tanto en su organización interna, como en sus relaciones mercantiles con el resto de entidades que operan en el mercado.

Por otro lado, debemos saber que toda entidad con personalidad jurídica, independientemente de su número de trabajadores, centros de trabajo, volumen de negocios, sector en el que opere, etc., está expuesta a unos riesgos, los cuales deben ser identificados, evaluados y mitigados a través de la implantación de procedimientos y controles preventivos.

Cabe destacar también que en la mayoría de PYMEs el empresario es, a su vez, administrador de la organización y, como tal, tiene una serie de obligaciones entre las que debemos destacar el deber general de diligencia, previsto en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital. Este precepto establece que “los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”.

De este modo, el hecho de implantar un Sistema de Compliance Penal en la empresa es considerado un elemento más del deber de diligencia del administrador, ya que aquel permite mejorar el funcionamiento de la organización, disponer de un mayor control sobre ella, así como evitar su posible responsabilidad penal.

Si interpretamos de manera conjunta el precepto mencionado con anterioridad con el artículo 31 bis del Código Penal, si se generase un perjuicio acreditable y evaluable económicamente para la sociedad, el cual se hubiere podido evitar con la implantación de un Compliance Penal, se podría ejercitar la acción social de responsabilidad contra el administradorya que, en virtud del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores responderán frente a la sociedad, socios o acreedores sociales por los daños causados por incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

Por todo ello, es realmente importante tanto para las grandes empresas como para las PYMEs implantar Sistemas de Gestión de Compliance Penal, así como llevar a cabo su implementación de forma eficaz. Y, no solo para evitar o atenuar la posible responsabilidad penal de la misma, sino también para proteger al administrador en su marco de responsabilidad.

El administrador en caso de tener implantado un Compliance no responderá penalmente del delito que pueda cometer cualquiera de los trabajadores de la entidad (laborales o autónomos), lo que sí puede ocurrir en el caso de no contar con aquel. 

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